Desde que Valverde es alcalde, en 2011, año en que se aprobó una bajada generalizada de impuestos y tasas para el siguiente ejercicio, no se ha producido, con los sucesivos equipos de gobierno que ha liderado, ninguna subida ni actualización (IPC) de los mismos.

Los bolañegos pagarán los mismos impuestos y tasas municipales que llevan pagando desde 2012. El Pleno del Ayuntamiento de Bolaños aprobó en la última sesión celebrada, con los votos favorables del Grupo Popular y Vox, el acuerdo de la revisión de impuestos y tasas municipales para el ejercicio 2024 en el que, como viene siendo costumbre desde que Miguel Ángel Valverde es alcalde, se mantienen congelados, salvo la tasa del servicio de distribución del agua (que se modifica obligatoriamente cada año como consecuencia del contrato que se firmó en 2009, con el gobierno municipal del PSOE entonces, que establece una subida del IPC interanual más 1.5 puntos) y el nuevo impuesto del gobierno de España para el depósito de residuos en vertedero.

En torno al 30% ha subido la vida desde el año 2011. Esa es la carga que sigue soportando el Ayuntamiento de Bolaños tras las sucesivas subidas de precios, así como el incremento de rentas a las nóminas públicas de los empleados. Sin embargo, los impuestos que determina el Consistorio permanecen congelados: IBI urbano y rústico, impuestos de vehículos, de construcciones o plusvalías.

No obstante, el Ayuntamiento se ha visto obligado a incluir el nuevo impuesto sobre residuos del Gobierno de España en la correspondiente tarifa de la ordenanza de recogida de basura para el año 2024.

La nueva Ley 7/2022 de 8 de abril relativa a residuos y suelos contaminados para una economía circular, como trasposición de la Directiva Europea de Residuos al Marco Jurídico Español, refleja, entre otros aspectos, la fijación de objetivos de reciclaje y recuperación de residuos hacia una económica circular, así como la posibilidad de establecimiento de tasas de vertido con el objetivo final de reducción de residuos y uso eficiente de los recursos. De esta forma, la mencionada ley establece el denominado “Impuesto sobre depósito de residuos en vertederos”, definiéndolo como un impuesto estatal y que se cederá a las Comunidades Autónomas, con el objetivo del incremento de financiación destinadas a mejoras en la gestión de residuos, así como de incentivos económicos para una economía circular.

Según explicó el primer edil, “el impuesto es indirecto y su finalidad no es financiar un servicio o uso sino desincentivar el depósito de residuos a través del fomento de la prevención, el reciclado y la educación ambiental (art. 84). Además, la cuota de dicho impuesto queda fijada en la Ley (art. 93) en 40,00 €/Tm por vertidos directos a vertedero sin tratamiento previo, así como la de 30,00 €/Tm para aquellos residuos tratados previamente y definidos como los rechazos”.

Esto supone, para Bolaños, un coste de unos 10 € por habitante que hay que trasladar a RSU para que, a su vez, este organismo lo liquide con el Gobierno de España. Reparto que se ha hecho teniendo en cuenta los informes técnicos de RSU que imputan a Bolaños unos 120.000 € anuales. Esta cuantía se ha repartido entre los distintos conceptos tarifarios que contiene la ordenanza según la tipología de los usuarios del servicio, lo que supondrá, para una vivienda normal, un montante de algo menos de 20 € anuales.

Valverde continuó su intervención achacando que el impuesto era de obligada aplicación en el ejercicio 2023, “pero el anterior Equipo de Gobierno de la Diputación Provincial de Ciudad Real, a pesar del conocimiento de esta obligación, ocultó dicha circunstancia y no quedó contemplado, ni comunicado a los Ayuntamientos ni incluido en los presupuestos del 2023 por lo que, durante el presente ejercicio dicho impuesto será sufragado a través de una subvención, de forma excepcional y como apoyo directo a los municipios que conforman el CONSORCIO RSU, por parte de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real.

No obstante, aseveró el alcalde bolañego y Presidente de la Diputación Provincial, “este impuesto debe ser trasladado en futuros ejercicios a las tasas fijadas para cada uno de los Ayuntamientos consorciados, ya que, como establece La Ley, el impuesto se debe repercutir sobre los contribuyentes y se aplicará en todo el territorio español (art. 85 y 94). Por eso es necesario modificar las ordenanzas y crear este nuevo impuesto que ha obligado al ayuntamiento a incluirlo en el recibo de la tasa de la basura”, finalizó.